Los Informes del GAFI de los años 2010 y 2011, han marcado un punto de inflexión en la política de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Argentina, dejando al país al borde de integrar la descalificante "Lista Gris".
Nuevas exigencias normativas y legales surgieron como emergentes de tal circunstancia, desde una reforma a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, a la emisión de más de 50 Resoluciones dirigidas a distintos Sujetos Obligados, por parte de la UIF.
Estas medidas, sin embargo, no resultaron suficientes a criterio del Organismo Internacional y, Argentina, fue incorporada a la nómina de países con estándares insuficientes para la prevención de tales delitos.
Esta calificación, sin duda, tiende a agravar la condición, y considerando las ya graves responsabilidades administrativas y penales que derivan de la Ley, los Directivos de las Entidades Obligadas, deberán adoptar medidas para dar cumplimiento a las exigencias.
Adaptaciones estructurales, definición de políticas, diseño de procesos y planes de capacitación que permitan y aseguren la pronta adecuación, serán exigencias a cumplimentar. Una consciente y profunda revisión de estos aspectos, permitirá conocer el grado de adhesión de la compañía a las normas, permitiendo planificar en forma consistente y adecuada el ajuste necesario.
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